Ante la alta probabilidad de irregularidades con el gasto federalizado de 2014 en Tabasco y Jalisco, particularmente con los recursos de los fondos de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) y de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), el diputado José Luis Muñoz Soria informó que también solicitará auditorías forenses para los responsables.
El presidente de la Comisión de Vigilancia señaló que servidores públicos de esas entidades, lo mismo que en el caso de Veracruz, violentaron las normas y procedimientos en el ejercicio de esos fondos en 2012 y 2013, motivo por el cual la Auditoría Superior de la Federación (ASF) decidió realizar diversas revisiones a su contabilidad para determinar lo procedente.
Sin embargo, ninguna de éstas para 2013 fue de carácter forense, es decir, ninguna fue una auditoría cuyos resultados servirían para ejercer acción penal contra los responsables del uso indebido de los recursos, por lo cual ninguno será procesado.
Durante 2013, en el caso de Tabasco, de acuerdo con la revisión de la Cuenta Pública realizada por la ASF, hubo un manejo irregular de 47.74 millones de pesos del FAEB, mientras en el caso de Jalisco lo hubo de 702 millones de pesos del FASSA.
Veracruz fue el caso más grave, con más de tres mil 641 millones de pesos del FAEB y un mil 26 millones del FASSA.
En el caso de Tabasco, las irregularidades más frecuentes con el FAEB fueron incumplimiento de obligaciones fiscales –como en el pago del Impuesto Sobre la Renta, y de aportaciones y cuotas al ISSSTE, SAR y FOVISSSTE-, el pago de bonos o compensaciones no autorizadas por la normativa del fondo, pago indebido a trabajadores comisionados a secciones sindicales y trabajadores no localizados en su centro de trabajo, entre otras.
Por su parte, los responsables de ejercer el FASSA en Jalisco realizaron transferencias y ejercicio de recursos en beneficio de otras cuentas bancarias –como el pago de nóminas especiales-, en varios casos sin la documentación correspondiente, o sin la entrega del bien o servicio supuestamente adquirido.
Así, por ejemplo, se pagaron 122 millones 290 mil pesos por concepto de pago de asesoría fiscal supuestamente proporcionada a los Servicios de Salud de la entidad, pero sin que existan comprobantes o justificantes que avalen el gasto, como tampoco existe evidencia de que un paquete de medicamentos adquiridos en 60.53 millones de pesos fueron entregados a la población objetivo del Fondo.
En cambio, sí existen evidencias de que con un millón 150 mil pesos se pagaron cursos de maestría y becas a directivos de los Servicios de Salud de la entidad, que con 6.21 millones se pagaron laudos, que con siete millones 900 mil se gratificó a diversos funcionarios sin que exista comprobante del motivo y que con más de ocho millones 500 mil pesos se pagó en exceso al personal respecto a lo pactado en los contratos.
En ninguno de estos casos hay justificación del gasto, en primer lugar porque la normatividad del fondo respectivo no lo contempla, pero además –como queda dicho- porque no hay comprobante de que el destino del dinero fue el que se mencionó.
Fuente: insurgentepress